Familia hispana aterrorizada y golpeada por agentes de inmigración


 Siete miembros de una familia hispana de Los Ángeles fueron víctimas de una equivocada redada de drogas en su hogar en la ciudad de Norco, en el condado de Riverside, por parte de casi 40 agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) e Investigación de Seguridad Interna (HIS).

Este martes cuatro integrantes de la familia Bonilla están citados a comparecer frente a oficiales de ICE debido a que enfrentan un proceso de deportación.

La tarde del 19 de julio, Carmen Bonilla, 44 años, su hijo Michael, 16; su hija Josefina, 23; su nuera Leticia, 28 y dos de sus nietas vivieron la peor pesadilla que jamás se hubieran imaginado.

Todos y cada uno de ellos sufrieron presuntos diferentes niveles de abuso físico y verbal, puntapiés, golpes y agresiones.

Agentes armados de las dos agencias gubernamentales buscaban a Robert, un supuesto traficante de drogas que vivía en la casa de Carmen Bonilla.

"¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las drogas?", increparon los agentes a una aterrorizada Carmen Bonilla. Alrededor de las 3:45 de la tarde, la mujer, de origen mexicano y su nuera se encontraban cocinado, a la espera de sus esposos que regresaban del trabajo. La supuesta vejación a que fueron sometidas acabó a las 7:00 de la noche.
familia maltrato ICE
"Oí los golpes y patadas en la puerta; me asusté mucho y cuando abrí, vi que era la policía", narró la mujer mexicana entre lágrimas, y mostrando las áreas de cuerpo donde recibió golpes. "Yo les dije, ¿Que hicimos? ¿Que hicimos?, ¿Que hicimos?; del susto no podía abrir la puerta; solo me agarraron por el brazo, me aventaron al piso, me esposaron y me aventaron contra la pared".

Carmen dijo que imploró a los agentes que la dejaran apagar la estufa e ir por su nieta, quien gritaba espantada.. "¡Cállate o te disparamos! Tenemos orden de disparar", dijo en rueda de prensa. "Yo les rogaba por mi nieta; no me entendían y me seguían golpeando".

Michael Martínez, de 16 años y estudiante de la Preparatoria Norco, dijo que él se encontraba en la parte trasera de la casa cuando escuchó el alboroto. Se preparaba para ir a un partido de futbol americano.

"¡Tírate al piso!", recordó que le gritaron cuatro agentes, quienes de inmediato lo esposaron. "Yo escuchaba los gritos de mi mama y de la bebé; lloraba de miedo; no sabía qué hacer, y cuando se fueron, tuvimos que llevar a mi mamá al hospital. Ella sufre de diabetes".

Los agentes de ICE y HIS tenían una orden de cateo en la casa de los Bonilla. Al concluir la odisea y cuando los agentes se retiraban, el documento le fue entregado a Josefina Martínez, la hija de Carmen.
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"Yo estaba en la cocina cuando ellos dijeron abran la puerta o disparamos" comentó la nuera, Leticia Hernández. "Vi que ella [Carmen Bonilla] la golpearon; dijeron que traían orden de disparar; vi cuando le dieron de patadas; yo estaba adentro y la niña gritaba; a mí me apuntaban con el arma si no me callaba. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está el dinero? Yo les dije que no había nada en la casa".

Los agentes de ICE no encontraron ni al traficante ni evidencia de crimen alguno. No obstante, la familia Bonilla deberá comparecer este martes ante oficiales de inmigración que buscan su remoción de Estados Unidos.

DERECHOS PISOTEADOS

La familia Bonilla estará siendo representada por la abogada Jessica Domínguez, una experta en asuntos de inmigración.

"En la entrevista que tiene la familia [con agentes de ICE] podremos obtener toda la información que ellos tienen, y conocer la información que fue obtenida ilegalmente; por ahora no puedo responder por los argumentos legales [del proceso de deportación de la familia]", dijo la abogada Domínguez.

"Durante toda mi carrera he insistido que la comunidad aprensa cuáles son sus derechos y cómo los pueden hacer valer sin miedo", agregó. "En el caso de la señora Bonilla, ella pidió, imploró, exigió que la escucharan, pero sus derechos fueron sistemáticamente ignorados y pisoteados".

El mes pasado, el director de ICE John Morton dirigió un memorando a todos los directores de las oficinas de ICE, a los agentes especiales a cargo de sus oficinas y sus abogados, donde pide a sus oficiales ejercer discreción judicial al decidir casos de inmigración.

El documento enviado el 17 de junio enumera una serie de factores positivos o negativos para que los oficiales ejerzan dicha discreción, como la duración de la presencia de la persona en Estados Unidos, con atención a la extensión de su estadía legal; las circunstancias de su llegada al país, en particular si el extranjero llegó siendo niño; su búsqueda educativa en particular si se graduó de secundaria, colegio o estudia por un diploma universitario en el país; o si es un militar o familiar de un militar.

"La cobardía de ICE no tiene límites; no están siguiendo las directrices de discreción emitidas por parte del director de ICE, John Morton", indicó Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición Pro Derechos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA). "Nos duele ver este tipo de abusos, y este caso tan especial de violación de derechos civiles".

Los factores también aplican si el individuo tiene un récord criminal; un mal historial de inmigración con deportaciones, negaciones de status anteriores o está relacionado con evidencia de fraude; y si la persona representa un peligro a la seguridad nacional o pública, entre otros factores.

"Debido a que la investigación criminal sigue en curso y al hecho de que la familia ha hecho alegaciones acerca de posible conducta inapropiada por agentes de ICE y HSI, estamos limitados en lo que podemos decir en referencia a este incidente", dijo Lori K. Haley, en un mensaje escrito enviado a AOL Latino.

"Hemos contactado a nuestro abogado en Washington, para ver si podemos ampliar esta declaración breve. Tenemos la esperanza de que se pudiera proporcionar a los periodistas una copia de la orden de cateo, pero se nos ha dicho que, por este momento se encuentra bajo sello. Si conseguimos la autorización para ampliar la declaración, enviaremos información adicional".

El texto íntegro del mensaje de Haley, portavoz del DHS en la Región Oeste, en Laguna Niguel, California, expresa: "Agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) fueron a una residencia en la Avenida Corona, en Norco, California, el martes (19 de julio) para ejecutar una orden de cateo relacionada con una investigación federal en curso".

"En la ejecución de sus funciones oficiales, los agentes de ICE y oficiales se conducen con los más altos estándares de conducta profesional. Si las personas creen que el personal de ICE ha actuado de manera inapropiada o ilegal, la agencia anima a reportar dichos incidentes a la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, o en la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna. Todas las alegaciones de conducta inapropiada serán investigadas exhaustivamente y, de ser corroboradas, se tomarán acciones apropiadas".

"Nosotros no hemos cometido ningún delito en este país; apenas nos habíamos mudado a esa casa el 1 de julio", narró Josefina Martínez. "Ellos nos amenazaron con que regresarían si hablábamos [públicamente sobre el caso]". Dijo que la familia Bonilla no se conformaría con una disculpa pública de ICE, "sobre todo cuando mi madre está toda golpeada y te dicen que no tienes derechos; ellos destruyeron a mi familia...ellos cambiaron la vida de nosotros para siempre".

Indicó que cada vez que se oye que alguien toca a la puerta, todos se sienten aterrorizados. "Duele demasiado, y más porque cuando se fueron se iban riendo de lo que habían hecho", concluyó.

Las acusaciones hechas por los residentes acerca de las acciones de los agentes de HSI durante el cateo, autorizado por la corte han sido remitidos a la oficina de Responsabilidad Profesional de ICE para una mayor investigación.

Los agentes de HSI determinaron que ocho de los ocupantes de la casa estaban ilegalmente en el país. Cuatro hombres adultos fueron puestos bajo custodia en el lugar de los hechos y puestos en proceso de deportación.

"Por razones humanitarias, a los otros cuatro individuos encontrados en la casa se les entregaron cartas pidiéndoles que se reporten en una fecha posterior con [las autoridades de] ICE para su procesamiento. Corresponderá a un juez de inmigración determinar si estas personas tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos".
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