HOENIX .- Diez días antes de la Navidad, John Dodson, un agente de la división contra el tráfico de armas, despertó, se hizo su café, encendió la radio y escuchó una noticia que le causó escalofríos. Desde hacía meses temía que fuera a ocurrir algo así. Dodson, miembro de la división Fuerza de Choque Grupo VII de la Agencia contra el Tráfico de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), acababa de enterarse de la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza en un enfrentamiento a tiros con un grupo de malhechores. El agente fallecido era, al igual que Dodson, un ex miembro de las fuerzas armadas que eligió seguir sirviendo a su país en el gobierno.
La mezcla de pánico, miedo y disgusto que sintió Dodson se originaba de una gran pregunta: al permitir el flujo de pistolas en las calles a fin de desmantelar una red de tráfico de armas, ¿fue su unidad una cómplice involuntaria de la muerte de un colega?
Dodson había ido a Phoenix para cumplir con una parte clave de la misión: detener el tráfico de armas a los cárteles mexicanos del narcotráfico. La ATF estaba intensificando sus acciones en contra del torrente de armas de fuego y su unidad sería la punta de lanza de una operación apodada "Rápido y furioso".
El objetivo era un grupo de individuos que supuestamente compraron para los cárteles más de 1.500 armas en 15 meses en el área de Phoenix.
Algunos días, el grupo compraba decenas de versiones de los fusiles AK-47. Una misma persona podía luego regresar y comprar 20, 30, 40 o más piezas letales en la misma armería.
Pero desde el comienzo, Dodson y otros agentes se percataron que su misión en Phoenix en realidad no era detener ese tráfico de armas.
"No hagan nada, sólo observen", era la orden que recibían cada vez que solicitaban autorización para detener a un sospechoso y recuperar las armas.
En la jerga policial, a eso se le llamaba "escoltar" al arma. Y los centenares de fusiles vendidos durante el operativo "Rápido y furioso" llegaron lejos: desde poblados fronterizos de Arizona hasta El Paso y San Antonio, y en lugares recónditos de México.
El 14 de diciembre, dos de esas armas llegaron de alguna manera a un rincón del desierto de Arizona llamado Peck Canyon, donde Brian Terry y otros tres agentes de la Patrulla Fronteriza se toparon con una banda de asaltantes. Las partes intercambiaron disparos y Terry recibió un impacto en la espalda.
Al día siguiente el grupo de Dodson recibió la confirmación: dos fusiles de modelo parecido al AK-47 hechos en Rumania fueron hallados en el lugar del tiroteo. Ambas armas fueron adquiridas casi un año atrás. Y el comprador era un sospechoso ya conocido por los agentes de "Rápido y furioso" y que fue arrestado inmediatamente después de la balacera, aun cuando estuvo vigilado durante meses.
Al enterarse de la muerte de Terry, "me sentí enfermo", señaló Dodson. "Y me sigo sintiendo mal".
Peor aún, él sabía que había centenares de armas más que habían sido vendidas dentro de la operación "Rápido y furioso" y que estaban en manos de tipos con malas intenciones.
Se suponía que la ofensiva sería de gran envergadura, que atraparía a gente más importante que los simples compradores de armas, equivalentes a los peones del ajedrez: eliminarlos no es garantía de victoria.
"Rápido y furioso" tenía objetivos mucho más elevados: capturar a los organizadores de la compra de armas a nombre de los cárteles, desmantelar una red traficante o incluso desmantelar un cártel entero. Intentar capturar a algunos capos.
Se ideó una estrategia novedosa: en vez de interceptar las armas compradas, los agentes permitirían que circularan por la red de tráfico a fin de identificar a otros involucrados y, con suerte, armar argumentos más amplios y sólidos.
Era una iniciativa un tanto arriesgada, impulsada en parte por las leyes que regulan las armas de fuego y que dificultan disminuir el tráfico, así como por un pasado de procesos judiciales infructuosos y la gravedad de la violencia en el país vecino.
Para cuando comenzó "Rápido y furioso", en la segunda mitad del 2009, la violencia por las armas en México estaba evidentemente fuera de control. La prensa informaba todos los días de sangrientos tiroteos entre cárteles rivales, y las autoridades locales se alarmaban ante la posibilidad de que el derramamiento de sangre rebasara las fronteras. La ATF informaba que un 90% de las armas descubiertas venían de Estados Unidos, y las autoridades mexicanas aumentaban sus exigencias de que las estadounidenses tomaran cartas en el asunto.
La cuestión era cómo hacerlo.
Las estrategias anteriores estaban orientadas principalmente a los pequeños compradores que
recibían pagos para adquirir armas que entregaban a los traficantes de mayor rango, pero era difícil armar los casos judiciales contra los primeros, especialmente en Arizona.
En primer lugar, es perfectamente legal que alguien vaya a una armería en Arizona y compre una cantidad ilimitada de armas, siempre y cuando la persona pase por una revisión computarizada de sus antecedentes. Es delito sólo si las armas son exportadas a México o si la persona revende una gran cantidad de éstas, actuando así como comerciante sin licencia.
Usualmente, cuando se arresta a traficantes menores, se les acusa de realizar una declaración falsa, al decir en su solicitud que iba a ser el único propietario del arma cuando en realidad era para otra persona. Pero aun en esos casos, varios fallos judiciales han dictaminado que se debe demostrar que el arma fue comprada para un "propietario vedado", como por ejemplo, una persona que ha sido hallada culpable de un crimen.
Son elementos difíciles de demostrar, y varios casos han sido descartados por falta de pruebas.
Existía también un gran deseo en el Departamento de Justicia y en la ATF de ir más allá de los compradores menores, considerados el equivalente de arrestar al distribuidor de drogas en una esquina cuando lo que se quiere es atrapar al capo.
A fin de encontrar una solución más significativa, a fines del 2009 el Departamento de Justicia comenzó a elaborar una nueva estrategia y llegó a la conclusión de que "simplemente confiscando armas de fuego" no se combatiría efectivamente el tráfico ilegal de éstas. En lugar de ello, afirmó, se deberían concentrar esfuerzos en investigar y eliminar a todo un cártel de narcotraficantes.
"Fue con estas directrices en mente que se creó la Operación 'Rápido y furioso''', dijo William Newell, ex director de la oficina de la ATF en Phoenix, ante una comisión legislativa.
La Inspectoría General del Departamento de Justicia comenzó entonces a investigar las medidas de la ATF contra el tráfico de armas, y criticó que la agencia tenía "un enfoque hacia los niveles menores" de traficantes.
Poco después, la ATF emitió una nueva política en que postulaba un enfoque más "creativo" en las investigaciones y sugería que los compradores menores fueran vistos como un paso intermedio para hallar a los jefes de los cárteles.
El documento destacó que esa estrategia ya se estaba usando en varias localidades que eran supervisadas por la ATF. Una de ellas era Phoenix, donde efectivos de la ATF, en un memorándum sobre "Rápido y furioso" en enero del 2010, reconocieron que su estrategia era "permitir la transferencia de armas de fuego" a fin de identificar a los líderes de grupos delictivos.
Todo esto llevó a un drástico cambio de táctica: agentes de la ATF dejarían que las armas fueran traficadas a fin de lograr una mejor investigación. El documento de la agencia lo calificó de "interdicción limitada o demorada", con la advertencia de que tales operativos debían ser vigilados estrechamente y en algunos casos cancelados si "numerosas armas desviadas ... están siendo usadas en crímenes violentos y recuperadas por las agencias policiales".
La táctica asombró a algunos veteranos del sector.
"Puedo decir que en todos los casos en que yo estuve involucrado, al buró le habría dado miedo dejar que se llevaran esas armas", dijo William Vizzard, quien trabajó casi 30 años para la ATF en investigaciones de armamento.
Ello no quiere decir que no se hubieran "escoltado" armas antes para intentar detectar su paradero final, dicen agentes veteranos. La diferencia está en cómo se hacía.
Jay Wachtel trabajó más de dos décadas en la ATF y fue director de una unidad contra el tráfico de armas. En la actualidad da clases de leyes y políticas sobre armas en la Universidad Estatal de California, plantel de Fullerton. Permitir que se lleven el armamento para monitorearlo ya se ha hecho, comenta, siempre y cuando se realice de una manera controlada que implique una estricta vigilancia y eventual decomiso del mismo.
"La idea era que uno la seguía durante el tiempo suficiente hasta que estaba seguro de que tenía los argumentos suficientes" para detener un vehículo, obtener una orden de allanamiento o iniciar un arresto, señaló, o hacer lo que se conoce como "tocar la puerta y hablar": acercarse a un sospechoso y ver si confiesa por sí solo.
Wachtel recuerda varios casos en que se perdió el rastro de las armas, y lo mal que se sentían los agentes.
"No podíamos dormir", comentó.
Ese mismo temor se apoderó de algunos efectivos del Grupo VII desde que empezó la operación.
Comenzaron a reunirse en Phoenix alrededor de diciembre del 2009. El equipo de siete integrantes incluía a Larry Alt, quien había prestado servicio en la ATF durante 11 años; Olindo
"Lee" Casa, con 18 años en la dependencia, y Dodson, quien llegó aproximadamente en 2004.
Todo parecía encajar: varias personas que supuestamente hacían de prestanombres para adquirir las armas ya habían sido identificadas, y se había pedido ya a varias armerías del área colaborar con la ATF para que le advirtieran cuando se presentara un sospechoso a comprar.
Un día, poco después de su llegada, Dodson y Casa fueron enviados a una tienda para observar a un sospechoso que estaba a punto de hacer una compra. Desde el estacionamiento, los agentes observaron cuando el sujeto salía con numerosos fusiles de asalto. Se comunicaron por radio y preguntaron a los agentes que encabezaban la pesquisa dónde debían arrestarlo.
Sólo síganlo, fue la respuesta. Pero después de seguirlo hasta su casa, Dodson se quedó atónito al oír la siguiente orden: poner fin a la vigilancia y marcharse. Las armas se quedaron allí.
Ocurrió lo mismo una y otra vez. En ocasiones los agentes observaban a los compradores reunirse con la persona que les entregaba el dinero, y luego los seguían hasta las armerías y esperaban afuera mientras los individuos entraban y compraban las armas. Después volvían a seguirlos hasta una casa o negocio donde el armamento era entregado a alguien más.
Cuando los agentes solicitaban autorización para la captura, sus supervisores les decían que no.
Dodson comenzó a preguntarle a casi cualquier persona dispuesta a escucharlo: ¿De qué se trata esto?
"En esencia, la actitud era... 'sabemos lo que estamos haciendo. Se trabaja con la fiscalía federal. Así es como funciona''', dijo Dodson.
Los vendedores legales de armas de fuego proveían con regularidad formas de compra a la ATF cada vez que los sospechosos identificados hacían adquisiciones, y después los agentes del Grupo VII introducirían esa información -números de serie, el nombre del comprador, el tipo de arma- en una base de datos con el propósito de rastrear las armas una vez recuperadas.
La idea era que si las armas eran recuperadas, las autoridades en Estados Unidos o México podrían emprender el rastreo y la ATF tendría más argumentos para presentar cargos. Además también podrían identificar a sospechosos adicionales en toda la red.
No pasó mucho tiempo para que la base de datos redituara información. En noviembre de 2009, unas 37 armas adquiridas por sospechosos de "Rápido y furioso" fueron decomisadas en México.
Para mediados de enero de 2010, más de 20 individuos fueron identificados como personas que hacían las compras para otros. Entre esas personas figuraba Jaime Avila, quien a finales de ese mes adquirió las armas encontradas en el lugar donde cayó muerto el agente Brian Terry.
Al paso de las semanas y meses continuó la fiebre de compras de armas de fuego. Un individuo por sí sólo adquiriría más de 600 armas después de haber sido identificado como sospechoso en la pesquisa, según los expedientes internos de la ATF entregados a investigadores del Congreso.
Las inconformidades surgieron pronto dentro del Grupo VII. Dodson, Casa y otros se quejaron sobre la estrategia y advirtieron de sus posibles consecuencias mortales. En un momento dado, Dodson preguntó a la agente que llevaba el caso si ella estaba dispuesta a asistir al funeral de algún agente fronterizo u otro funcionario policial que fuera asesinado con alguna de las armas que se habían dejado ir.
Pero muy pronto, los agentes no fueron los únicos que expresaban preocupación. Los vendedores legales de armas también se volvieron precavidos ante el aumento de la demanda.
Un vendedor legal de armamento que solicitó el anonimato debido a las pesquisas en curso describió que el ritmo de las ventas era "sin precedentes".
Otro dijo que debido al volumen, "nuestros encargados de ventas usaban la marcación abreviada en el teléfono que los comunicaba directamente con la ATF, hablaban con alguien y allí les decían: 'sí, están en nuestra lista. Sigan adelante, hagan la venta'. De otra forma, probablemente no habríamos" surtido el pedido.
Un vendedor legal incluso se entrevistó con el supervisor del Grupo VII, David Voth, y el fiscal principal en el caso, el fiscal federal adjunto Emory Hurley, para tener la garantía de que las armas no se estaban yendo al sur de la frontera.
El mismo vendedor legal envió un correo electrónico a Voth en junio de 2010, en el que le expresaba preocupación porque tenía amigos que eran agentes de la Patrulla Fronteriza.
Voth había enviado un correo electrónico antes al mismo propietario de la armería en el que aseguraba que la ATF "vigilaba continuamente" a los sospechosos mediante la utilización de "una variedad de técnicas de investigación".
Entre los agentes destacados en el terreno había un mal presentimiento. Cuando Voth envió diversos correos electrónicos en los que se citaba el alarmantemente elevado número de homicidios relacionados al narcotráfico en México, Dodson se preguntó si la ATF era responsable en cierta forma.
"Uno sólo escuchaba: Nueve personas asesinadas. Seis personas", recordó. "Pero nunca veía una fotografía" de los muertos.
Nunca hasta que Terry fue asesinado a tiros.
Justo al día siguiente de la balacera, los agentes de la ATF arrestaron a Jaime Avila. Según documentos presentados ante la corte, al ser detenido supuestamente admitió haber comprado unas 40 variantes del AK-47.
Dodson, quien para entonces había sido retirado del Grupo VII, supuso que por fin sus supervisores reconocerían que hubo errores. Después vio un informe sobre la investigación preliminar de la ATF en torno al incidente, y no hacía mención de que Avila había sido sospechoso durante meses.
Pronto se enteró que la oficina del senador federal Chuck Grassley podría estar examinando la operación y le envió un mensaje a través de una dirección de correo electrónico implementada para posibles delatores.
Dígame lo que sepa, le respondió el senador.
Siete meses después, "Rápido y furioso" se ha convertido rápidamente en una espina política para el gobierno del presidente Barack Obama. El secretario de Justicia, Eric Holder, ordenó a la Inspectoría General del departmento que él preside que examine lo ocurrido y Obama se comprometió a adoptar las "medidas adecuadas".
En tanto, muchos agentes de la ATF ha decidido hablar, ofreciendo testimonios sorprendentes en condena de una investigación a la que califican de vergonzosa y pasmosa.
Entre estos figuran Dodson, Casa y Alt, así como otro supervisor destacado en Phoenix, un especialista en inteligencia de la ATF y tres agentes que se encuentran en México.
En un testimonio ofrecido el martes ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Darren Gil, ex delegado de la ATF en México, consideró "inconcebible" que agentes de la ATF permitieran no sólo la desaparición de armas de fuego sino que éstas se fueran hacia México "a sabiendas de que terminarían en manos de los peores criminales".
En su propia entrevista con investigadores del Congreso, el director interino de la ATF, Kenneth Melson, reconoció que "se comtieron algunos errores" durante la operación "Rápido y furioso" y que él cree que podría haberse impedido el flujo de armas, pero no se hizo.
William McMahon, titular de operaciones de campo de la ATF en la región occidental, y Newell, ex titular en Phoenix, también reconocieron que hubo errores.
Newell dijo el martes a la comisión de la Cámara de Representantes que "Rápido y furioso" nunca tuvo la intención de permitir el desplazamiento de armas a México. Sin embargo, reconoció que su oficina sabía desde noviembre de 2009 que armas que estaban comprando sospechosos del programa estaban siendo recuperadas en ese país.
Cuando se le preguntó por qué no fue cancelada la operación, Newell hizo énfasis en la dificultad para probar esos casos y afirmó que los fiscales querían más evidencia. También citó los objetivos más amplios de la operación.
"Estos cárteles del narcotráfico en México van a obtener sus armas de fuego... así que tenemos que hacer cuanto esté a nuestro alcance para eliminar la infraestructura. Las personas que compran para otros constituyen el peldaño más bajo de la escalera", dijo, y agregó que si la operación se hubiera concentrado sólo en ellas no habría tenido un "impacto duradero".
Desde entonces el Departamento de Justicia ha emitido nuevas directrices que prohíben las operaciones "que incluyan el cruce de armas por la frontera", y exigió actuar de inmediato cuando se tenga conocimiento de que hay armas a punto de ingresar a México.
Asimismo, las armerías en Texas, California, Nuevo México y Arizona deben ahora avisar a la ATF sobre las compras de dos o más fusiles de alto poder que se efectúen en un lapso de cinco días a fin de ayudar a los agentes a detectar compras sospechosas.
En enero, Avila y otros 19 integrantes de la presunta red de traficantes supervisada por "Rápido y furioso" fueron acusados de asociación delictuosa, implicarse en comercialización de armas sin licencia y hacer declaraciones falsas para la adquisición de las mismas.
El juicio está programado para febrero, aunque las autoridades afirman que la investigación continúa y que otros sospechosos podrían ser acusados en el caso.
En cuanto a las armas, un analista de inteligencia de la ATF informó que los sujetos relacionados con "Rápido y furioso" compraron en conjunto más de 2.000 armas de fuego, de las cuales 1.430 no han sido recuperadas.
La familia de Terry aguarda información de cómo dos de las armas encontradas en el lugar de su asesinato llegaron hasta ese lugar. Un sospechoso ha sido acusado de homicidio sin premeditación en el enfrentamiento a tiros.
Algunas fuentes dijeron a The Associated Press que la bala que mató al agente no coincidía de manera concluyente con ninguna de las armas de "Rápido y furioso" recuperadas, según las pruebas de balística. El abogado de Arizona, Patrick McGroder, contratado por la familia de Terry para examinar una posible demanda, dijo que esas pruebas son "dudosas por decir lo menos".
Dijo que tiene pensado efectuar una prueba independiente.
La madre del agente, Josephine Terry, dijo: "La justicia, para nosotros, no debe andarse con rodeos. Si se comete un error... que lo digan. Sólo digan que lo cometieron".
En Phoenix, varios de los que supervisaron a "Rápido y furioso" fueron desde entonces reasignados fuera del estado, entre ellos Newell y Voth, el supervisor del Grupo VII. Voth no respondió a los mensajes telefónicos ni a los correos electrónicos que le envió la AP. El portavoz de la ATF, Scot Thomasson, dijo que él y Newell no podían hacer declaraciones debido a los casos penales pendientes y las actuales investigaciones internas y del Congreso.
Dodson continúa en Phoenix en busca de respuestas a las preguntas persistentes, incluida la de quién, a fin de cuentas, era el responsable de "Rápido y furioso".
Quizá la pregunta más importante sin respuesta clara es: ¿dónde están el resto de las armas?
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